WASHINGTON, DC - El senador Bob Menéndez (D-NJ) anunció hoy que presentará un paquete legislativo para proporcionarle a Puerto Rico un camino real a la solvencia a través de reformas integrales. Acompañado por los senadores Sherrod Brown (D-Ohio), miembro de más alto rango del Comité de Banca del Senado, Maria Cantwell (D-Wash), miembro de más alto rango del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales, y Richard Blumenthal (D-CT), el paquete legislativo está compuesto por el Proyecto de Ley de Estabilidad de Puerto Rico (Menéndez, Brown, Cantwell, Blumenthal) y el Proyecto de Ley de Recuperación de Puerto Rico (Menéndez, Brown, Blumenthal). Cuando se combinan, el paquete legislativo ayudaría a la isla a evitar un colapso financiero completo, estabilizaría su situación financiera de una manera ordenada y legal, y proporcionaría créditos fiscales equitativos y equidad en la atención de salud para los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico.
Con más de $72 mil millones de deuda acumulada a lo largo de una década de recesión, la economía de Puerto Rico se desmorona rápidamente sin salida alguna salvo con asistencia técnica y significativa por el gobierno federal. Después de haber incumplido varios pagos de la deuda a los acreedores en el último año, y sin ser concedido protecciones de quiebra por el gobierno de Estados Unidos, la economía de la isla pronto se enfrentará a mayores dificultades ya que se espera no pueda pagar otra ronda de grandes pagos a obligacionistas en el mes de mayo y junio a menos que se implementen reformas sustanciales.
"Para los 3,5 millones de ciudadanos americanos que viven en la isla de Puerto Rico, el tiempo se acaba", dijo el senador Menéndez. "El Congreso tiene que actuar de inmediato para corregir los déficits de financiación federal y finalmente darle a Puerto Rico las herramientas que necesita para reestructurar totalmente su deuda. Es por eso que estoy presentando un paquete de Proyectos de Ley que proporciona financiación importante de salud, incentivos fiscales a individuales para fomentar el trabajo en la economía formal, y un mecanismo para la reestructuración completa de todas las deudas de la isla. Espero con mucho interés poder trabajar con mis colegas en ambos lados del pasillo para que podamos evitar que esta crisis fiscal se transforme en una catástrofe humanitaria".
"Durante años, Wall Street se ha aprovechado de Puerto Rico por medio de tasas de interés exorbitantes, y ahora han dejado a los ciudadanos americanos atrás," dijo el Senador Brown, miembro de más alto rango del Comité de Banca del Senado "No podemos permitir que la avaricia de Wall Street desestabilice la economía de Puerto Rico y perjudique a los ciudadanos estadounidenses que viven allí".
"El senador Menéndez está demostrando el tipo de liderazgo que necesitamos mediante la presentación de este paquete de proyectos de leyes integrales para la reestructuración para otorgarle reformas de quiebra necesarias a Puerto Rico ", dijo la senadora Cantwell, miembro de más alto rango del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales.
El Paquete Legislativo Para la Recuperación y Estabilidad de Puerto Rico busca proporcionar al gobierno de Puerto Rico la autoridad de reestructuración total que le permita reajustar toda su deuda - no sólo la 1/3 parte que estaría cubierta bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de EEUU. Además, los Proyectos de Ley también establecerían una posición de Director Financiero (CFO, por sus siglas en ignles) en la isla y una Junta de Control de nueve miembros cuidadosamente calibrada para proporcionar la transparencia que tanto se necesita, supervisión y asistencia técnica a los procesos de reestructuración y elaboración de presupuestos de Puerto Rico.
Como parte de una estrategia a largo plazo de estabilización, los Proyectos de Ley también incluyen políticas para mover a Puerto Rico hacia un sistema de Medicaid que provea fondos constantes de ahora en adelante y también amplié el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en ignles) y el Crédito Tributario por Hijos Menores (CTC, por sus siglas en inglés) a todas las familias elegibles en Puerto Rico. Debido a una disparidad en la ley actual, cientos de miles de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no son elegibles para los programas de EITC y CTC, a pesar de que serían elegibles para recibir estos mismos créditos federales si se mudaran a la parte continental de los EEUU. Esta política arbitraria no sólo castiga injustamente a familias trabajadoras solamente en base al lugar en donde viven, sino que también ha contribuido a la crisis económica actual de Puerto Rico por medio de la disminución en la participación laboral y el aumento de la emigración.
Mientras que los republicanos de la Cámara se encuentran negociando propuestas legislativas para lidiar con la crisis de la deuda de Puerto Rico antes del final del primer trimestre de este año, la presentación de estos Proyectos de Ley representan la propuesta más completa presentada por el Congreso para abordar el deterioro de la situación económica y fiscal de Puerto Rico de una manera integral.
A continuación, un resumen de los Proyectos de Ley en inglés.
Unlike Chapter 9, which would only cover approximately 1/3 of Puerto Rico’s $72 billion in debt, this proposal gives Puerto Rico the ability to restructure all of its debt. This is necessary to bring the island’s debt-service payments to a sustainable level. This proposal would also establish a “Chief Financial Officer” (CFO) and “Fiscal Stability and Reform Board” (Board), both of which are carefully calibrated to provide much needed transparency, oversight, and technical assistance. Additionally, under this plan, the Governor of Puerto Rico will develop a five-year Fiscal Plan, which will be subject to the Board’s approval, and will serve as the guiding financial benchmark for the island’s debt restructuring and budgeting processes.
In order to trigger the restructuring mechanism, the Puerto Rican Legislature would need to pass a resolution to opt in to the process (and request the establishment of the Fiscal Stability and Reform board). This resolution would need to be signed by the Governor. Once the Board is established, the Governor would then appoint a CFO. The Board will consist of 9 members chosen as follows (6 members must be full-time residents of Puerto Rico, 6 members must have knowledge of Puerto Rico’s history, culture, and socioeconomics, and all members must have financial and management expertise) with staggered terms to ensure continuity:
Once the Board is established, the Governor will submit a five-year “Fiscal Plan” to the Board, which proposes levels of debt, spending, and tax policy necessary to restore solvency and fully fund pensions. The Board will either approve or disapprove of the Fiscal Plan. Once the Fiscal Plan is approved, the Governor will submit an annual budget to the Board, which can either certify or deny that the proposed budget complies with the Fiscal Plan. If the Board certifies that the budget complies with the Fiscal Plan, the budget is sent to the legislature for standard review and approval. If the Board denies the initial budget proposal, the Governor would submit a new budget, and the Board will either certify or deny the new budget as compliant. If the Governor’s second budget is not compliant with the Fiscal Plan, the budget will still go to the legislature, but the Board would clearly and publicly state the reasons why the budget does not comply with the Fiscal Plan. If the budget fails to comply with the Fiscal Plan, this vote of “no confidence” from the Board will send a strong and unequivocal message to the legislature, capital markets, and Puerto Rican people that the proposed budget is unsustainable.
As soon as Puerto Rico passes a resolution to opt in to the restructuring mechanism, the proposal institutes an automatic 12-month stay to give Puerto Rico time to organize its finances. During this time, the Board will work with the Governor as outlined above to approve the Fiscal Plan. Once this process is complete, as in typical Chapter 9 bankruptcy proceedings, the Governor will submit a restructuring proposal. If the creditors object, the judge (to be selected by the First Circuit Court of Appeals) can approve the plan against the creditor objections, or require Puerto Rico to resubmit an alternative restructuring proposal. In order to approve the restructuring proposal, the judge would have to confirm that such proposal complies with the Fiscal Plan, treats pensions as senior secured debt, and if feasible, does not unduly impair general obligation bonds (government-issued debt).
Because of a disparity in current law, hundreds of thousands of American citizens in Puerto Rico do not qualify for the EITC and CTC programs, even though they would be eligible to receive these federal credits by moving to the mainland. This disparity has contributed to Puerto Rico’s current economic crisis by decreasing labor participation and increasing outmigration.
A significant portion of Puerto Rico’s financial obligations are health care-related and this bill would address several key issues to put the island’s health system on strong financial footing. Currently, the Medicaid program, rather than being provided federal reimbursement for necessary costs, is capped and set to hit a funding “cliff” as soon as mid-2017. When this happens, the island will instead receive funding to cover only a very small portion of its Medicaid costs, a burden no state could handle. This bill includes policies to move Puerto Rico towards a Medicaid system that provides stable funding for the long-term. Additionally, there are several policies in Medicare that treat the island differently than the rest of the nation. This leaves providers and seniors facing unfair penalties and lower reimbursements. This bill includes key provisions to more accurately align Medicare policies in Puerto Rico with the rest of the country.
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