Bob Menéndez, senador por Nueva Jersey, se cuestionó la utilización de los activos venezolanos por parte de Washington, en respuesta a un tweet que citaba un trabajo publicado por Univisión donde se habla de una batalla legal entre EEUU y Venezuela por los miles de millones de dólares confiscados a funcionarios venezolanos.

En ese sentido, recordó que el año pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, “firmó mi Ley VERDAD, que requiere un plan para recuperar los activos robados a los venezolanos”, escribió el senador.

Agregó que “ahora parece que la Casa Blanca podría estar usando algunos de esos fondos para construir un muro fronterizo. ¿No iba a pagar México, señor presidente?”

El año pasado, se destinaron unos $601 millones de dólares el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro a la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Loren Flossman, gerente de adquisiciones para el Programa del Muro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, declaró en un testimonio en enero en una corte federal de California que los fondos se utilizarían para construir barreras fronterizas en el condado de Hidalgo y el condado de Cameron, y para “planificación para la construcción de barreras en el futuro en los puestos de la Patrulla Fronteriza de EEUU a lo largo de la frontera suroeste”, afirmó.

Se realizaron varios esfuerzos fallidos en el Congreso y las cortes para intentar evitar que Trump utilizara los activos confiscados para el muro. Un proyecto de ley en la Cámara de Representantes intentó incluir una disposición que “prohíba el uso de fondos del Fondo de Confiscación del Tesoro para planificar, diseñar, construir o realizar un proyecto para construir un muro, barrera, cerca o camino a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos”.

Pero se descartó la redacción en la aprobación final del proyecto de ley debido a la oposición republicana.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) también impugnó la declaración de emergencia en una corte de California, pero las autoridades estadounidenses insistieron en que estaban siguiendo la letra de la ley con respecto al manejo de activos en dichos casos.

“Estos gastos no tienen que estar relacionados con la incautación y la confiscación; simplemente tienen que estar relacionados con la aplicación de la ley”, le dijo John Farley, director de la Oficina Ejecutiva para la Confiscación de Activos del Departamento del Tesoro, a la corte, diciendo que el muro encajaba con esa descripción, pues estaba diseñado para evitar el paso de drogas y delincuentes.

No reveló si los casi 601 millones de dólares incluían alguno de los activos venezolanos saqueados, así lo reseña un trabajo publicado por Univisión.

Pero algunos dicen que el gobierno estadounidense debería tomar en cuenta el colapso económico de Venezuela y el impacto devastador en su población hambrienta, lo cual ha provocado un éxodo de más de cuatro millones de refugiados.

El año pasado, republicanos y demócratas promovieron la legislación para brindarle ayuda al pueblo de Venezuela, la llamada Ley VERDAD, que le exige al Departamento de Estado “establecer una estrategia para identificar, bloquear y recuperar los activos arrebatados a personas e instituciones de Venezuela mediante el robo, lavado de dinero u otros medios ilícitos”.